Las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores aprobaron ayer la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya discusión en el pleno se efectuará el próximo lunes. La legislación impulsada por la mandataria ha generado reacciones airadas entre políticos y opinólogos de derecha, quienes la acusan de ser una regresión autoritaria en tanto, aseguran, otorga al gobierno federal la facultad de retirar concesiones, censurar contenidos y atentar contra la libertad de expresión e información.
Para entender el diferendo entre el oficialismo y las derechas debe considerarse la documentada historia de connivencia entre los poderes económico y mediático en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión, contubernio que ha sido imposible regular y que ha dado lugar a toda clase de excesos y transgresiones a principios republicanos fundamentales.
Uno de los efectos más perniciosos de esta situación ha sido la incursión espuria de las corporaciones en la vida política como poderes fácticos reacios a cualquier control democrático, que se conducen con una absoluta falta de respeto a la ética, a las leyes, a la verdad y al público, como quedó demostrado con la transmisión reiterada de un comercial del gobierno estadunidense donde la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, denigra y criminaliza a la comunidad migrante.
En ese contexto de ausencia del Estado se aplicó y se aplica una censura atroz, sea en los medios electrónicos tradicionales como la radio y la televisión, o en las plataformas de redes sociales y streaming que hoy concentran la atención de las audiencias. En los primeros, los contenidos son determinados bajo criterios mercantiles, no sólo dejando fuera a todas las voces disidentes con los intereses personales y las afiliaciones ideológicas de los propietarios, sino además estableciendo pactos explícitos de silencio y de cobertura favorable con regímenes que les son afines.
La otra cara del apoyo a sus compinches es la campaña de desprestigio sistemática y permanente contra los gobiernos federales de 2018 a la fecha. Por su parte, las redes sociales cancelan las cuentas de sus usuarios bajo criterios arbitrarios y caprichosos, implementan algoritmos que invisibilizan ciertas posturas y magnifican otras, inducen tendencias a cambio de dinero y manipulan a la opinión pública para que crea orgánicas (generadas por la propia comunidad) las operaciones de marketing pagadas por grupos de interés.
Ante dicha realidad, la nueva Ley de Telecomunicaciones es un primer paso para asentar la presencia del Estado en ese ámbito a fin de garantizar que las radiofrecuencias, las concesiones y las plataformas nacionales no sean usadas de manera contraria al interés nacional y a la dignidad humana. En este sentido, es necesario remarcar que el espot del trumpismo no sólo es ofensivo contra una parte de nuestra población a la que el país debe muchísimo por sus aportaciones a la economía nacional y al sostén de millones de familias, sino que además viola de manera flagrante la legislación mexicana contra la discriminación. A los comentócratas que se desgañitan clamando que se atenta contra la libertad de expresión al multar a quienes transmitan propaganda extranjera, debe recordárseles que ni el racismo ni los discursos de odio están amparados por el derecho a la libre manifestación de las ideas. Por el contrario, constituyen delitos aquí y en todo Estado que respete las leyes.
Lo lamentable, en todo caso, es que sea necesario legislar para llenar el vacío ético de los medios corporativos, cuyos dueños no dudan en facilitar la estigmatización de connacionales si pueden lucrar con ello
