Una corte federal en Estados Unidos otorgó al extitular del Secretaría de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna , una prórroga de cuatro meses para presentar su apelación contra la condena por narcotráfico.
La nueva fecha límite para la presentación de este recurso es el lunes 21 de julio.
La defensa de García Luna solicitó esta ampliación debido a dificultades para comunicarse con su cliente, quien se encuentra en condiciones de aislamiento extremo en la prisión de alta seguridad USP Lee , ubicada en Virginia.
La defensa del expolítico mexicano ha manifestado que la comunicación con su cliente ha sido prácticamente imposible desde su traslado a la SHU en diciembre de 2024. A pesar de múltiples intentos para coordinar llamadas legales, solo se han logrado dos, una de las cuales fue interrumpida abruptamente después de 24 minutos.
Estas restricciones han dificultado la preparación de la apelación, lo que llevó a la solicitud de la prórroga recientemente concedida.
La vida en prisión de Genaro García Luna
Tras su sentencia, García Luna fue trasladado en diciembre de 2024 al Centro Federal de Transferencia en Oklahom a y posteriormente a la USP Lee en Virginia.
En esta última prisión, ha sido recluido en la Unidad Especial de Albergue (SHU, por sus siglas en inglés), conocida como “El Hoyo”, caracterizada por condiciones de aislamiento severo.
Según informes, los internos en esta área permanecen encerrados 23 horas al día en celdas sin ventanas, con acceso limitado a comunicaciones y visitas.
García Luna fue declarado culpable en febrero de 2024 por colaborar con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos y condenado en noviembre del mismo año a 38 años de prisión.
La defensa sostiene que el juicio se basó en testimonios de testigos colaboradores, en su mayoría criminales, cuyas declaraciones consideran falsas o fabricadas. Por ello, buscan impugnar tanto el veredicto como la sentencia.
Además de los procedimientos en Estados Unidos, García Luna enfrenta acusaciones en México por corrupción y otros delitos relacionados con su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública; sin embargo, su posible extradición y enjuiciamiento en México dependen del desarrollo de los procesos legales en curso en territorio estadounidense.
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